¿Quién pone los límites?

Nos encontramos en un momento extraordinario de evolución de la investigación biomédica y la adquisición de nuevos conocimientos para el abordaje de las enfermedades, impulsados principalmente por los progresos que se están registrando en el ámbito de la Genética.

Las herramientas para investigar en cualquier campo de la biomedicina, apoyadas en las nuevas tecnologías y en la bioinformática, se han multiplicado de manera muy importante en los últimos años, han aumentado su potencia y disminuido sus costes, lo que las ha hecho accesibles y ello ha conllevado unos progresos espectaculares en el conocimiento básico y aplicado.

A pesar de lo anterior la traducción de ese conocimiento en mejoras para la salud está ocurriendo a un ritmo errático, aunque con grandes avances especialmente en el ámbito diagnóstico y, sobre todo, para las enfermedades más genéticamente determinadas, que son individualmente menos frecuentes.

Hay también avances, más lentos pero muy significativos, para las enfermedades más comunes, en las que los genes contribuyen de manera más compleja interaccionando entre sí y con el ambiente. Con todo, es razonable que la repercusión sobre nuevas opciones de tratamiento sea mucho más gradual, por los pasos que ello conlleva para garantizar la seguridad y eficacia a largo plazo, y en muchos casos por lo novedoso de las mismas.

Los diagnósticos ahora, gracias a la incorporación de los recursos genómicos, son más rápidos y más exactos, responden antes a las dudas y permiten realizar un Consejo Genético mucho más apropiado y personalizado.

Investigación biomédica
Investigación biomédica

La progresión de estos avances resulta impredecible, pero no parece tener límite, ¿o sí? La actual coyuntura económica está funcionando como un parapeto, a veces evidente y otras latente, que está coartando no sólo la acelerada y fructífera carrera de investigaciones prometedoras sino también la aplicación de aquellas evidencias, recursos, técnicas y medicamentos que han superado con éxito el largo, arriesgado, tedioso y riguroso proceso de identificación, evaluación y aprobación por parte de las autoridades regulatorias internacionales competentes.

Nos encontramos así con tecnologías, conocimientos y productos que tienen una avalada seguridad y eficacia clínica, que cuentan con el visto bueno de las autoridades y que, teóricamente, están a disposición de los profesionales sanitarios y, por ende, de la sociedad en general. Sin embargo, como tradicionalmente ha sucedido con cualquier innovación (sea en el campo que sea), estas novedades están teniendo que superar la entendible (hasta cierto modo) reticencia de los expertos por aplicar nuevas soluciones para hacer frente a las enfermedades (inercia terapéutica).

Pero no sólo eso: a esta dificultad se añade ahora la losa que supone en estos momentos para cualquier nueva tecnología y producto sanitario el precio que debe pagarse por ella y que suele ser evaluado tan solo desde una visión cortoplacista y unidireccional. No teniendo en cuenta todo el proceso sino una parte mínima del mismo.

Es bien conocido el alto precio (más del 20 % del total de sus ventas) que deben pagar las compañías que apuestan por la innovación biomédica para tratar de poner en el mercado nuevos productos, que por sí solos sean capaces de mantener una estructura investigadora compleja y que tienen la obligación de paliar los enormes costes que suponen su desarrollo y amortizar los fracasos que se cosechan por el camino (siempre en la búsqueda de lo mejor para el paciente).

Estamos asistiendo, por lo tanto, a un acceso coartado y manipulado a las innovaciones biomédicas. Es una limitación sutil, patente pero no evidente, que de forma sigilosa no sólo está mermando el interés de las compañías por invertir en investigación sino, aún más grave, frustrando el acceso real de los profesionales sanitarios y de los pacientes a unos recursos aprobados y que han rubricado suficientemente no sólo su eficacia y seguridad, sino también su adecuado perfil de coste-eficacia.

Eso sí, un perfil de coste-eficacia que va más allá de la valoración unitaria de lo que cuestan estas innovaciones, que tiene en cuenta las repercusiones para la salud del individuo y de la sociedad, a medio y a largo plazo (y no sólo en muy, muy corto plazo).

Cuando precisamente todo indica que están llegando, y lo harán en un futuro cercano, nuevos productos diagnósticos más certeros y soluciones terapéuticas más seguras y eficaces en enfermedades prevalentes y para las que hasta ahora no había tratamiento, la excusa de la crisis económica está impidiendo la generalización de estos avances que, además de favorecer una vida más saludable, podrían ser incluso parte de la solución al problema de la crisis: salida de la baja laboral y regreso al sistema productivo, contribución a paliar la sangría del paro, creación de puestos de trabajo de calidad en cantidad, reducción de costes del gasto sanitario (no sólo farmacéutico), etc…..

La accesibilidad de nuevos productos al Sistema Nacional de Salud, debe estar sujeta al rigor que la evidencia científica conforme, pero nunca ser utilizada únicamente como herramienta de un supuesto control del gasto sanitario, que se traduce en farmacéutico únicamente, y que en poco tiempo no se demuestra como tal. Hemos de contar con reglas transparentes y mantenidas en el tiempo, lejos del obscurantismo y aparente arbitrariedad de que es objeto en este momento, por no hablar de la atomización de las diferentes unidades y centros de los diecisiete servicios autonómicos de salud.

Autor: Jaime del Barrio

Director general del Instituto Roche. Coach en organización sanitaria y gestión de equipos.

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